La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó ayer la suspensión en sus cargos de los tres magistrados de la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que el pasado mes de diciembre acordaron la puesta en libertad bajo fianza del presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría. En un escrito dirigido a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el fiscal justifica su petición en la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de la querella por prevaricación dolosa interpuesta por el ministerio público contra Carlos Cezón, Juan José López Ortega (ex presidente de la Audiencia de Palma) y Carlos Ollero.
Así, recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) enumera los supuestos de suspensión de jueces y magistrados, «mencionando, entre otros, todos con carácter imperativo, en el número 1: Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones».
En ese supuesto, prosigue el fiscal, «el momento en que procede la suspensión (...) habrá de seguir siendo entendido como el de la admisión de la querella», y no el de la mera presentación de la misma. Esta es la razón por la que el fiscal no ha presentado su informe hasta ayer, una vez vencido el plazo de tres días que los querellados tenían para recurrir contra la admisión del fiscal general del Estado y que, como no ha sido recurrida, ha adquirido firmeza.
De prosperar la solicitud del fiscal, los jueces Cezón, López Ortega y Ollero, cuya decisión de abstenerse de juzgar la «Operación Temple» fue aprobada ayer por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, deberían apartarse también del resto de los asuntos que se tramitan en su sección.