La investigación realizada por la Guardia Civil en el caso del sepulturero de Sant Joan detenido por exhumar presuntamente sin permisos restos del cementerio ha revelado que podría haber más que una negligencia en los hechos de los que se les acusa. Martín M.M., natural de Granada y de 49 años de edad, cuyo arresto adelantó ayer Ultima Hora Ibiza y Formentera , estaba supuestamente llevando a cabo desenterramientos para luego vender como nuevas las cajas de restos que los familiares de los difuntos le encargan. Al parecer, los restos de los sepulcros que violaba los depositaba en otro lugar días después de producirse el funeral sin que se conociera luego su lugar exacto de depósito.
Estos son los indicios hallados por la Guardia Civil que han culminado con la detención de Martín M.M. por un supuesto delito contra la seguridad colectiva, por presunta exhumación ilegal de cadáveres, tras una investigación que se ha basado en la denuncia de tres personas.
Las actuaciones en las que pudiera haber incurrido el acusado, y los presumibles planes futuros, han podido quedar desentrañadas gracias a las pesquisas efectuadas desde hace semanas por la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Eivissa llevadas a cabo con extremo secretismo y cuyo desenlace ha sido hecho público ahora oficialmente por la propia Benemérita, un día después de que este periódico publicara que un juzgado de la isla iba a investigar qué había detrás de la exhumación de restos sin permiso en Sant Joan. El sospechoso tendrá que comparecer en el juzgado cuando lo requiera la autoridad judicial después de que los agentes le comunicaran su detención anteayer y le tomaran declaración para luego dejarle en libertad a expensas del juzgado.
Los nuevos datos dejan por completo de lado los indicios que relacionaban lo ocurrido con una simple actitud negligente del enterrador del que se creía podría estar haciendo arreglos dentro del camposanto sin contar con las autorizaciones municipales y familiares pertinentes para estos trabajos. El Código Penal tipifica en su artículo 526 la condición de delito al que «falte al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos».
El Ayuntamiento actuará con contundencia
El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, indicó ayer que se van a
depurar todas las responsabilidades que sean necesarias con lo
ocurrido de acuerdo con el resultado de las investigaciones
judiciales que se emprendan. Marí añadió que se va a actuar con
contundencia si se prueban las sospechas y que la alcaldía, dentro
de su propia investigación, recogerá y atenderá todas las quejas
que se presenten porque «el Ayuntamiento es el primer interesado en
llegar hasta el final». Añadió que no se iban a escatimar medidas
en lo referente a la presunta conducta irregular del
sepulturero.