La actual responsable del juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, Ofelia Nache, ha considerado que no hay siquiera hechos supuestamente delictivos en la conducta del enterrador de Sant Joan que fue detenido por la Guardia Civil tras tres denuncias y una investigación que se fundamentó en la presumible exhumación ilegal de restos para comerciar con las urnas funerarias de los difuntos.
La juez Nache ha determinado, por ello, el sobreseimiento libre de las diligencias que se abrieron el pasado mes de abril tras la detención de Martín M.M., de 49 años, persona que quedó libre con el compromiso de ir al juzgado una vez que la Policía Judicial le tomó declaración. Ahora, la Fiscalía está estudiando si recurre el auto con el que, por el momento, se ha dado carpetazo a este caso al discrepar de esta decisión si, finalmente, el ministerio público considera que de la presunta conducta que se atribuyó al ex enterrador se derivan, por contra, indicios para una causa penal.
La Guardia Civil detuvo a dicha persona por su comisión en un presunto delito contra la seguridad colectiva. Más concretamente, el artículo 526 del Código Penal recoge como delito el que «falte al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos».
La investigación policial que se llevó a cabo fundamentó las diligencias contra el entonces responsable de los camposantos al hallarse indicios de que se habían trasladado sin permiso, y con ello perdido, restos al osario común y que tras ello había supuestamente encubierto un «negocio» con las urnas que los contenían. Éstas eran luego vendidas como nuevas a familiares de personas fallecidas hace años para nuevos depósitos. El Ayuntamiento de Sant Joan cesó cautelarmente a Martín M.M., cambió las cerraduras a los cinco cementerios del municipio y contrató luego los servicios de otro empleado.