La acusación particular en el caso del niño muerto al caer a un pozo de Puig d'en Valls en 2201 ha pedido al juzgado la apertura de juicio oral para que se sienten en el banquillo el presidente y el administrador de la comunidad Ses Baldraques. La representación legal de Rosario Cano, madre de Luis Alberto Ríos Cano, el niño de 9 años que perdió la vida cuando jugaba con otros menores sobre el pozo, quiere que se sienten en el banquillo ante un juzgado de lo Penal para responder de un presunto delito de homicidio por imprudencia grave. Para ambos se piden penas de un año de cárcel y una indemnización de 102.202 euros.
El responsable del juzgado que instruye la causa, el juez José Espinosa, consideró en su día que no existían motivos para pedir responsabilidades penales según se desprende el hecho de que él mismo dictó el archivo, pero la Audiencia instó a reabrirla. El pozo estaba en desuso pero, según la acusación particular, «en su momento se utilizó, cuando no había agua corriente en Can Negre para surtir de agua a los pisos de la casa, existiendo en ésta restos de la instalación, siendo así que uno de los propietarios utilizó este agua, entre otros no identificados, fue el presidente de la comunidad».