Escasa retribución económica o los deseos de regresar a sus lugares de origen son algunos de los motivos por los que el cuerpo de funcionarios de los juzgados genera una inestable movilidad laboral que provoca que muchos de los tribunales no cuenten con suficiente personal. De hecho, se paralizarán durante unos dos meses las causas para reestructurar esta situación.
Juan Carlos Torres, juez decano de Eivissa, considera «muy negativo» que un «servicio público de carácter esencial» soporte estas carencias, con altas cuotas de interinidad entre el funcionariado, sin que se lleguen a cubrir las plazas con funcionarios titulares.
«En esta circunscripción judicial contamos con un noventa por ciento de funcionariado interino», señala Torres. Estos funcionarios deben cesar en sus plazas cuando éstas son concedidas a un titular. El problema del empantanamiento en las tareas que se genera viene dado por el desconocimiento de la plaza judicial por parte de los recién llegados, a lo que se suma el que el cesado pasa al último lugar en la bolsa de trabajo, en muchas ocasiones por debajo de aspirantes con menos experiencia. La Fiscalía tampoco es ajena a estos problemas y ahora solo hay dos fiscales para todo.