La juez responsable del juzgado de Instrucción número 5 de Eivissa ordenó ayer tarde el ingreso en prisión de una vecina de Eivissa que había sido detenida por la Guardia Civil después de que supuestamente se hubiera hecho pasar por miembro de la organización terrorista ETA con el único objetivo de sacarle 30.000 euros -unos cinco millones de pesetas- a un empresario ibicenco.
La información recogida por este periódico señala que dicha mujer, al parecer sin ninguna relación anterior con el empresario extorsionado, se las ingenió para contactar con su víctima después de haberle enviado una carta en la que en nombre de ETA se le conminaba directamente a efectuar el citado pago si no quería figurar en el listado de objetivos de la banda armada. El empresario «elegido» trabajaba bien el sector de la construcción o bien el de las inmobiliarias.
Dicho «impuesto revolucionario» debía de ser llevado a cabo en una entrega de acuerdo con instrucciones que presumiblemente la misma mujer redactó en la carta y mediante contactos telefónicos que tuvieron lugar en las horas siguientes al envío de la misiva. No ha trascendido la naturaleza de las gestiones que pudiera llevar a cabo la Guardia Civil de Eivissa al tenerse conocimiento de que una persona que dijo ser militante de ETA había exigido tal cantidad de dinero.
De lo ocurrido, sin embargo, se deduce que los agentes encargados de este servicio realizaron todo tipo de comprobaciones para conocer con exactitud si verdaderamente había personas vinculadas, o con algún nexo, con la organización terrorista detrás de las llamadas o todo era un montaje, como así ocurrió. Asimismo, estas gestiones debieron de ir de la mano de otras encaminadas a conocer si efectivamente había personas relacionadas con los terroristas que se hubieran desplazado a la isla con este fin.