Pese a las contínuas declaraciones de ambas instituciones respecto a la colaboración existente a la hora de afrontar la problemática de sa Penya, el Ayuntamiento de Eivissa y la Dirección Insular volvieron ayer a diverger en sus opiniones respecto a las amenazas y actos vandálicos ocurridos en los últimos días en el barrio. Ante las amenazas supuestamente sufridas por algunos vecinos por su apoyo a las medidas contra el tráfico de droga en al zona, la directora insular, Marienna Sánchez Jáuregui, explicó ayer que no tenía constancia de que se hubiera presentado ninguna denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), lo que impedía que pudiera actuarse contra ellas, al no tenerse constancia de las mismas.
Pero fue en el aspecto del vandalismo que parece apoderarse de algunos rincones del barrio donde ambas instituciones no parecen ponerse de acuerdo tan sólo dos días después de haber celebrado una junta de seguridad para tratar principalmente el tema de sa Penya. Sánchez Jáuregui remarcó el trabajo conjunto que realizan la Policía Local y el CNP en sa Penya, pero matizó que el vandalismo «es un aspecto a atañe a las ordenanzas municipales, por lo que es sobre todo un tema municipal», para añadir posteriormente que «tanto la Policía Local como el CNP se van a ocupar de que toda vulneración de la ley sea impedida».
Por su parte, desde el Ayuntamiento se incidió ayer en el hecho de que los hechos ocurridos últimamente en sa Penya «no han hecho más que reforzar los compromisos de la institución con el barrio y demostrar que es absolutamente necesario llevar a cabo una política activa y contundente en la zona». Pero el equipo de gobierno del Consistorio añade a continuación que «pondrá todos los medios a su alcance» para solventar dicha situación, pero recuerda que «las competencias en materia de seguridad ciudadana corresponden a la Policía Nacional, a la que se continuará solicitando una presencia contínua y eficaz en el barrio».
En una nota hecha pública ayer, el Ayuntamiento de Eivissa cree «que no puede consentirse que los ciudadanos vivan amenazados y atemorizados por una minoría que quiere implantar sus reglas con el objetivo, entre otros aspectos, de hacer huir al resto de sus habitantes».