Son unos trescientos en invierno, aunque esta cifra se multiplica en cuanto llega el verano. Pero los agentes de seguridad privada ven como algunos servicios en las Pitiüses son ocupados por empresas piratas que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley para el desarrollo de esta función. Esta es sólo una de las reivindicaciones de este colectivo, en palabras de Vicent Marí Boned, responsable de prensa de la recién creada Agrupación de Vigilantes de Seguridad Privada adscrita a CC OO.
Para Marí, entre las reclamaciones impulsadas por la vigilancia privada debe estar la de recuperar el estatus de agentes de la autoridad -retirada por el Gobierno durante la época socialista-, una situación que, actualmente, sólo disfrutan aquellos vigilantes que cumplen su servicio en los Juzgados de Eivissa. Marí indica que dicha categoría es lógica, puesto que este cuerpo depende, en cuanto a regulación, del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía. Englobada en esta misma petición, la vigilancia privada también pretende lograr que no figure el nombre del agente en las citaciones judiciales, sino tan sólo su número de placa, al igual que los miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.
«No nos parece lógico que los delincuentes puedan conocer nuestro nombre completo y así tenernos identificados cuando debamos comparecer en un juicio», apunta Marí.
Empresas piratas
En el trasfondo de esta situación se encuentra el mencionado
problema de las empresas piratas y de «algunos funcionarios
públicos que efectúan vigilancias fuera de su horario de trabajo,
cuando no pueden hacerlo por incompatibilidad entre las dos
tareas». Así, los agentes de seguridad privada buscan «un mayor
reconocimiento para luchar contra este intrusismo», remarca el
responsable de prensa de la Agrupación.
La proliferación de las empresas fraudulentas tiene que ver, señala Marí, con el incremento de la demanda de este tipo de servicios en Eivissa, mientras que el Ministerio del Interior no convoca más plazas oficiales. En este sentido, Marí no duda en afirmar que «la vigilancia debe ser legal».
En este sentido, considera que «en las empresas piratas puede haber gente que no conozca la ley y pueden cometer actos fuera de la misma que afectan posteriormente a todo el sector, el cual aparece luego muy mal parado en los medios de comunicación y ya se da por supuesto que todos los vigilantes actúan de ese modo».
Para contrarrestar esta mala imagen que puede recibir el sector en ocasiones puntuales, Marí relata cómo vigilantes de seguridad se incautaron el pasado verano de 950 éxtasis en Sant Antoni, o de cómo deben soportar todo tipo de amenazas y se ven envueltos en persecuciones por robos o en reyertas en los que deben enfrentarse a agresores armados con arma blanca. Una situación que el propio Marí conoce perfectamente: «Sorprendí a un hombre durante un robo en Platja d'en Bossa. Durante el forcejeo me fracturó un dedo mientras otro individuo intentaba clavarme una navaja». Marí estuvo una temporada de baja debido al incidente.