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Un juez lleva más de un año para aclarar si la muerte de un bebé es caso de jurado

La acusación contra Ambulancia Insulares al fallecer una recién nacida pidió un juicio por omisión de socorro

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El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, no ha decidido aún si el proceso que se sigue contra Ambulancias Insulares por la muerte de una bebé recién nacida debe ser una causa que deba ser vista por la Ley del Jurado. Todo ello ocurre, en un caso complejo, más de un año después, de que la representación legal de la familia perjudicara pidiera ante este juzgado que el asunto pudiera considerarse como un caso de posible omisión de deber de socorro. Las acciones legales se iniciaron poco después de que la niña, nacida en Can Misses y a la que se le detectaron problemas respiratorios, pereciera en un suceso que tuvo lugar el 7 de abril de 2001 tras llegar con un supuesto retraso de doce horas a Barcelona, lugar donde debía ser tratada.

Por este caso ya declaró en su día el presidente de Ambulancias Illes Balears, José García Ruiz, quien en su declaración judicial explicó que ese día hubo que atender una gran cantidad de accidentes. A la vez, acusó al entonces Insalud de no contar con el personal necesario en el avión ambulancia que debía realizar el traslado, hecho por el que también llegó a personarse en la causa el Colegio de Enfermería. La instrucción de este caso, entre otras circunstancias, se ha venido alargando por la complejidad que supone determinar el número de personas que, de alguna manera, se vieron afectadas por estos hechos y por el grado de responsabilidad que pudieran tener. Según lo recogido por este periódico, el caso, en los distintos pasos que está dando la instrucción del juez Torres, ha vuelto recientemente de nuevo al fiscal para que este presente otro escrito más en el que debe recogerse su informe sobre la petición formulada por la acusación particular.

Esta representación legal, sin que aún no se hayan presentado cargos oficialmente, considera que hay de dilucidar si existen indicios para una causa no sólo de omisión de deber de socorro sino también de imprudencia con resultado de muerte, según ya publicó en su día este mismo periódico. Ello, de prosperar, puede llevar a García Ruiz a terminar en un banquillo jugándose penas que en su totalidad podrían sumar los tres años de cárcel si así se solicita en un futuro escrito de acusación.

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