«De las versiones facilitadas en el acto plenario no puede llegarse a una conclusión incriminatoria puesto que únicamente ha quedado demostrado un acceso al descrito recinto por la precedente motivación profesional que derivó en un incidente por la pérdida de la correspondiente placa policial finalizando con un comportamiento que excede al normal y correcto de toda labor policial, pero sin que pueda calificarse en los términos interesados por la acusación particular». Esta ha sido la decisión de la responsable del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Eivissa, María del Pilar Caballero, por la que se absuelve a los dos agentes de la Policía Local de Eivissa que fueron motivo de una investigación del Cuerpo Nacional de Policía y a los que se le acusó de sustraer material de buceo de una embarcación de recreo guardada en una nave de Can Bufí.
El caso estaba pendiente de sentencia ya que los denunciantes mantenían los cargos contras los agentes en la causa pese a que el propio fiscal pidió en el juicio de faltas, celebrado el pasado 31 de enero, la absolución de ambos agentes. La juez Caballero reconoce como «únicos hechos acreditados» que los dos agentes, que patrullaban en la noche del 16 al 17 de octubre de 2001 con un Nissan que luego grabó una cámara de seguridad de Can Bufí, dieron el alto a una motocicleta en la rotonda de Juan XXIII. Su conductor, sin embargo, no obedeció y ello motivó una persecución hasta Can Bufí. Una vez allí, «entraron en una nave-almacén (que, al parecer, suele permanecer abierta) creyendo que podría haberse introducido, pero finalmente, no pudieron localizar al conductor, permaneciendo más tiempo en el descrito lugar porque al haber perdido la 'chapa' uno de los agentes procedieron a buscarla mediante la utilización de linternas», dice la sentencia.
La juez añade en los hechos probados que «cuando salieron de la nave observaron (a unos 300 metros) un contenedor con muebles y bolsas y en una bolsa de basura encontraron los trajes de buceo recogiéndolos y llevándolos al retén donde permanecieron varios días hasta que, finalmente, uno de los implicados se los portó a su domicilio tras haber comentado con otros compañeros esa incidencia que no recogieron en el correspondiente parte». El caso queda ahora pendiente exclusivamente de la resolución del expediente administrativo que abrió en su día el Ayuntamiento de Eivissa por esta causa y que fue paralizado cuando se comunicó al Consistorio el inicio paralelo de una investigación judicial.