El alcalde de Sant Antoni, Antonio Marí Tur, del PP, propondrá hoy en una reunión que mantendrán el jefe del gabinete técnico de la Guardia Civil, Ignacio Cosidó, con autoridades civiles pitiusas que se pongan en marcha los mecanismos para instalar cámaras-espía en el Paseo Marítimo y en el West End de esta localidad. Además, Marí Tur pedirá a la Guardia Civil que tenga en cuenta la posibilidad de instalar una caseta en la entrada de Sant Antoni en la que agentes de la Guardia Civil y la Policía Local puedan monitorear las cámaras instaladas en el Paseo Marítimo y el West End, las dos zonas más concurridas en verano y, por tanto, en las que más delitos se cometen, principalmente hurtos, prostitución, venta ambulante y narcotráfico.
La propuesta del alcalde, que ya realizó en la última Junta de Seguridad Local, cuenta en esta ocasión con el apoyo de la Mesa de Seguridad de las Pitiüses, aunque este organismo no tiene ninguna capacidad de decisión, ya que Balears aún no tiene competencias en este campo. La Mesa de Seguridad decidió sugerir a las Juntas de Seguridad Locales de Eivissa y Formentera que opten por la videovigilancia en las zonas más conflictivas, como las señaladas por el alcalde Marí Tur, el Puerto de Eivissa y Platja d'en Bossa.
Al respecto, ayer, representantes del empresariado pitiuso celebraron la decisión de la Mesa, encabezada por los hermanos Costa: Pilar, presidenta del Consell pitiuso, y Josep Maria, conseller balear de Interior. Al respecto, la delegada del Gobierno en las Pitiüses, Marienna Sánchez-Jáuregui, destacó «la inutilidad» de la Mesa de Seguridad, ya que las competencias en esta materia, en el caso de Balears, corresponden en exclusiva a Madrid. «Este asunto (la videovigilancia) hay que tratarlo en las Juntas Locales de Seguridad; si quieren ayudar, que vayan a las Juntas», sentenció la delegada del Gobierno. No obstante, Sánchez-Jáuregui recordó que la videovigilancia en determinados puntos de Eivissa es un asunto que ya se ha abordado en varias ocasiones y apuntó que es posible que el sistema esté operativo esta misma temporada. Primero, para poder instalar las cámaras-espía, las Juntas deben dar su aprobación y después lo tiene que ratificar una Comisión encabezada por el presidente del Tribunal Supremo balear, ciñéndose a la ley que regula esta vigilancia.