Los dos lotes de relojes falsificados que fueron interceptados en el aeropuerto de Eivissa fueron fabricados en el corazón del barrio chino de Nueva York , una zona más conocida como Chinatown y que figura como una de las principales 'distribuidores' de imitaciones. Pero su destino final eran los clientes de un vendedor senegalés que hace su temporada en Sant Antoni. Iba a vender cada uno de ellos supuestamente a 12 euros, muy lejos de los 36.000 euros que hubieran alcanzado en su conjunto los 200 relojes requisados si hubieran sido auténticos.
Por todo ello, N.N., quien dijo haber comprado los relojes en Nueva York, tuvo ayer que sentarse en el banquillo de un juzgado de lo Penal de Eivissa acusado de un presunto delito contra la propiedad industrial. Cartier pide una indemnización de 36.000 euros más otros 1.500 por los daños morales causados. Del mismo modo, se requiere una condena de un año y medio de cárcel para el presunto vendedor, una pena que también solicita el fiscal. «No se trata en sí de meter a nadie en la cárcel. Lo que queremos es parar esto porque causa grandes perjuicios», explicó la abogada de la firma Cartier. Los argumentos de las defensas en este tipo de casos, por contra, siempre son similares. A su juicio, no se comete ningún fraude contra la propiedad industrial porque la persona que adquiere las falsificaciones a bajo precio es, en teoría, consciente de que no está haciéndose con un producto real y con la calidad que corresponde a su verdadera marca.
Ante ello, un responsable de Cartier que testificó en el juicio señaló que, pese a todo, «luego viene un chorreo continuo de reclamaciones y nosotros no podemos hacer nada porque no nos podemos responsabilizar de esas imitaciones». «Los clientes buscan exclusividad. Está estudiado que esto causa un descenso de las ventas y un daño a la imagen», añadió.