La víctima, un joven marroquí que tenía 24 años cuando le cayó encima una excavadora en Sant Llorenç el 23 de noviembre de 2000, llevaba tan sólo una semana trabajando para el constructor que en los próximos días se sentará en el banquillo ante un juzgado de Eivissa para responder de un presunto delito de homicidio imprudente y contra los derechos laborales. El fiscal pide hasta cinco años de prisión para el acusado, además de una indemnización de más de 60.000 euros para la familia del fallecido.
El ministerio público decidió pedir el procesamiento del ahora acusado al estudiarse el caso y considerarse que el constructor no sólo no tomo las precauciones necesarias para evitar el accidente sino que éste también había incurrido en un posible delito contra la seguridad de los trabajadores al haberle dado empleo sin que mediaran los preceptivos permisos de residencia ni de trabajo. A ello también se suma que el trabajador tampoco estaba presuntamente dado de alta en la seguridad social. El fiscal reclama por ello dos años de prisión por el homicidio imprudente y tres por el que vulnera la legislación laboral.
El siniestro, ocurrido en Can Cabara, sucedió cuando se realizaba el encofrado de una canalización y presumiblemente se cargó más cemento del que permitía la capacidad de la máquina. La excavadora, sin que hubiera además señalizaciones de aviso ni más medidas de seguridad, terminó volcando.