El Ayuntamiento de Sant Antoni ya tendrá en funcionamiento a partir del próximo mes de junio el sistema de vigilancia a través de vídeo con siete cámaras instaladas en los tres puntos más problemáticos del municipio: West End, Paseo Marítimo y ses Variades. Se trata de una medida pionera en las Pitiüses que ya se ha llevado a cabo en varios de puntos de Mallorca y que, sobre todo, según sus promotores, tiene carácter disuasorio.
Ayer, tras la Junta de Local Seguridad que presidió por última vez la delegada del Gobierno en funciones, Marienna Sánchez-Jáuregui, el alcalde y el concejal de Policía, José Sala y Joan Pantaleoni, anunciaron que el proyecto de cámaras-espía ya tiene luz verde. La comisión mixta encargada de supervisar el proyecto -encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Antoni Terrasa, y el delegado del Gobierno en Balears en funciones, Miquel Ramis- ha dado su visto bueno.
Pantaleoni explicó que, como estaba previsto, se va a instalar un sistema de videovigilancia que se controlará a través de internet en las dependencias de la Policía Local, lo que reduce los gastos de instalación y funcionalidad. El coste oscilará entre los 30.000 y los 35.000 euros, según los cálculos del concejal de Policía, y de la instalación y mantenimiento se encargará una empresa de Barcelona. El sistema tiene capacidad para funcionar hasta con 24 cámaras, aunque por el momento el Ayuntamiento tiene intención de instalar tan sólo siete. La ley obliga al Ayuntamiento a instalar carteles en las zonas avisando de que existe un sistema de videovigilancia, aunque no se apuntará el lugar exacto. También obliga la ley a borrar las imágenes en un plazo de tiempo predeterminado, con el fin de proteger la intimidad de las personas grabadas.