«No he engañado en mi vida a nadie ni quiero el dinero de nadie». Estas fueron las últimas palabras que pronunció ayer ante la responsable del juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Ramírez, un constructor de la isla que tuvo que sentarse en el banquillo acusado de una supuesta estafa por la que los denunciantes piden una pena de tres años de prisión y cantidades que en su conjunto superan los 100.000 euros. En esta cantidad se incluyen los meses de alquiler que han tenido que pagar los afectados tras «quedarse» sin propiedad y una indemnización que se reclama por los perjuicios causados.
El fiscal, por su parte, reclamó su absolución al entender que no hubo mala fe en todo lo que ocurrió y que, en todo caso, lo sucedido se debe ver por la vía civil.
Los hechos enjuiciados se remontan al menos a hace cuatro años cuando unas personas se interesaron por unos adosados que se estaban construyendo en Sant Jordi. Según éstos, el constructor les engañó deliberadamente y, tras pagar una entrada de 2.300.000 pesetas, intentó colocarles una vivienda con menos superficie de la acordada, casa que, además, presentaba, a su entender, deficiencias.