La investigación que en su día realizó la Guardia Civil y que se concretó en enero de 2001 se saldó con un total de tres detenidos, un joven de 27 años y dos hermanos , un varón de 19 años y una chica de 17. Esta última fue una de las primeras personas que en su momento se benefició de la puesta en marcha de la Ley del Menor. Por eso, su caso queda sujeto a lo que decida la Sección de Menores del TSJ. Los otros dos imputados, sin embargo, tendrán que sentarse en el banquillo para jugarse fuertes penas de prisión tras acusárseles formalmente de una docena de robos y de las sustracción de objetos valorados en más de 180.000 euros, principalmente joyas.
El principal acusado debe responder de once de los robos que la Guardia Civil pudo documentar con total precisión en su atestado. El fiscal reclama para este acusado condenas que suman 35 años y medio de cárcel. El otro acusado se enfrenta a siete años por dos asaltos domiciliarios entre los que, casualmente, se hallaba la casa de un juez de la isla. La Guardia Civil, a través sobre todo de su unidad de Policía Judicial, pudo relacionar a ambos individuos con una sucesión de robos en chalets y urbanizaciones de Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Josep que tuvo lugar en el segundo semestre de 2000.
En su día se sospechó de que los implicados, muy posiblemente en compañía de otros jóvenes delincuentes, estaban detrás del 75 de robos en casas que sufrió la isla durante este periodo, aunque finalmente sólo se les haya acusado de una docena de casos. En el propio juzgado se hizo constar el empeño de la Guardia Civil en la correcta resolución de su atestado para poder impulsar una causa muy compleja por el gran número de asaltos que hubo que aclarar.