El juez decano de Eivissa y Formentera, Juan Carlos Torres, teme que si no se concede su petición de contar con un nuevo juzgado de Instrucción no se podrán llevar a término las medias que prevé la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso el pasado día 22 de diciembre.
Torres ya remitió hace meses una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Antoni Terrasa, en la que calificaba de «cutrez» el estado en el que se encuentran los juzgados de Eivissa y Formentera y pedía la creación de un cuarto juzgado de primera instancia para descongestionar los existentes y, de esta forma, poder dedicar uno de Instrucción en exclusiva para asuntos de familia, violencia doméstica incluida.
Los funcionarios de los juzgados de la isla vivieron este año pasado, con la imposición de los denominados juicios rápidos, un problema similar al que ahora enfrentan con la próxima entrada en vigor de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género elaborada por el Gobierno socialista.
Está prevista la entrada en vigor de esta nueva norma a finales de este mismo mes, pero los capítulos IV y V, que son los realmente preocupantes desde el punto de vista de su correcta y completa ejecución, no lo harán hasta seis meses después.