La Audiencia Provincial de Balears, que a final de este mes se desplazará de nuevo a Eivissa, tiene previsto juzgar a un joven pitiuso que debe responder por introducir, supuestamente, cerca de mil éxtasis en Formentera, así como una destacada cantidad de cocaína. Se trata de una de las aprehensiones más importantes que se han realizado en la menor de las Pitiüses en los últimos cinco años.
El sospechoso, un varón de 23 años, fue detenido por agentes de la Guardia Civil dentro de Formentera cuando en junio de 2003 se concretó un servicio sobre tráfico de drogas. Al parecer, dicho servicio se llevó a cabo como consecuencia de una investigación policial que se inició al tenerse conocimiento de que había personas introduciendo importantes cantidades de estupefacientes en la isla.
Los agentes que arrestaron al joven -que el próximo 26 de este mes debe comparecer ante la Audiencia Provincial- le sorprendieron, presuntamente, con 868 éxtasis y cerca de cien gramos de cocaína que, supuestamente, iban destinarse a la venta entre los consumidores de drogas que durante esas fechas visitaban Formentera. Los guardias civiles también requisaron 25 gramos de hachís a este mismo sospechoso.
Según una estimación oficial, la droga requisada durante esta operación tenía un valor que superaba los 15.200 euros. Esta cantidad, sin embargo, podría verse muy aumentada si los distintos estupefacientes intervenidos hubiesen sido distribuidos al menudeo. Si la cocaína, además, hubiera sido objeto de repetidos cortes con otras sustancias, los beneficios habrían podido ser mayores al extraerse más dosis de las previstas con los gramos con los que se contaba en un principio.
Quince acusaciones
El juicio contra esta persona se suma a otra decena de casos que
hay señalados por el tribunal y por los que se prevén la asistencia
de una quincena de sospechosos.
La mayor parte de estos son jóvenes turistas que fueron sorprendidos por los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, presuntamente, vendiendo pequeñas cantidades de drogas, así como de vendedores ambulantes de origen subsahariano que fueron arrestados en los dispositivos policiales de Sant Antoni.
El joven pitiuso se enfrenta a una acusación por un presunto delito contra la salud pública por el que podría ser castigado -en el caso de que finalmente el juez lo considere culpable- con una pena de privación de libertad que podría oscilar entre los cuatro y los diez años.