El Ibavi descubrió en enero de 2002 que podía estar siendo objeto de un desfalco de miles de euros por parte de una de sus empleadas, la administrativa que anteayer aceptó en Eivissa una pena de dos años de prisión después de que previamente hubiera confesado su acción y hubiera colaborado con la Justicia en el esclarecimiento de lo malversado y hubiera devuelto la mayor parte de lo apropiado.
Las sospechas se iniciaron después de que, coincidiendo con la ausencia de esta misma empleada, comenzaran a recibirse multitud de quejas en las que pedían explicaciones por las demoras que se estaban sufriendo en la devolución de las fianzas depositadas, dinero que, precisamente, estaba bajo la custodia de le mujer sobre la que recayeron todas las sospechas.
Las anomalías se detectaron gracias a la instauración de un nuevo sistema de gestión en el cobro y reembolso de las fianzas a través de entidades bancarias que, supuestamente, bloqueó la secuencia fraudulenta de movimientos que el propio Ibavi denunció ante la Fiscalía durante el mes de abril del citado año. Las sospechas de que dicha empleada, que desde 1995 realizaba tareas de auxiliar administrativa en la antigua Cámara Oficial de la Propiedad Urbana como responsable de estos fondos de fianza, motivaron una auditoría. La conselleria d'Obres Publiques fue la que informó en su día que llegaron a contabilizarse entre 1992 y 2001 547 fianzas no constituidas. La ausencia de contabilidad llevó a pensar en su día que la malversación podía haber alcanzado los 350.000 euros. El Tribunal de Cuentas, en el proceso, estableció dicho desfalco en 164.376 euros.