El fiscal ha pedido que estas dos personas se sienten en el banquillo para responder de un presunto delito de denuncia falsa que le puede costar a cada uno de ellos el pago de una multa de 4.200 euros.
La actuación fiscal ha tenido lugar al investigarse la denuncia que ahora ambos acusados presentaron en el juzgado en enero de 2003 y en la que hacían referencia a un supuesto trato degradante en Comisaría tras haber estado detenidos cinco días. Dicha investigación se sobreseyó, además de otra por lesiones, sin pruebas contra ningún agente en abril de 2004. Un año antes el comisario Angel Marí y varios miembros de la policía emprendieron, a su vez, acciones legales por lo sucedido, molestos también porque desde la formación política Els Verds se habían hecho eco de la denuncia. Al final, sin embargo, pese a todas las responsabilidades solicitadas por la policía, el fiscal únicamente ha pedido el procesamiento de los dos ecuatorianos y que éstos respondan con tan sólo una multa.
Así, el fiscal establece ahora en su escrito de acusación que los dos ecuatoriano, John Àlvaro O.P. y Juan Antonio M.C. presentaron dicha denuncia «con conciencia de faltar a la verdad». En sus declaraciones, ambos inmigrantes, que entonces se hallaban con residencia ilegal y que fueron detenidos por un robo del que luego salieron absueltos, dijeron que estuvieron cinco días encerrados en Comisaría sin poder ir al aseo y sin recibir ni agua ni comida. Durante el proceso, sin embargo, matizaron estos extremos. Aseguraron que lo que habían querido manifestar entonces era que habían malcomido a base de bocadillos y con agua del grifo que apenas bebían porque la creían no consumible.