E.L.V./J.J.M.
Un centenar de agentes de la Policía Nacional y 600 guardias
civiles controlarán los centros escolares de Balears y sus
proximidades para evitar el tráfico de drogas y el consumo entre
los estudiantes, dentro del plan especial diseñado por el Gobierno,
que prevé también inspecciones en los locales de ocio. El operativo
comenzó su andadura el pasado martes y desde entonces se han
llevado a cabo tres actuaciones antidrogas en Eivissa. Todas ellas
las realizó el Cuerpo Nacional de Policía en alrededores de centros
escolares de la ciudad.
El delegado del Gobierno en las Islas, Ramón Socías, explicó ayer a los medios los detalles de este dispositivo para luchar contra el tráfico de drogas a pequeña escala y el consumo de estupefacientes, que ya ha dado pie a otras tres actuaciones en Palma y una en Manacor, ademas de los casos ibicencos. En todos ellos se incautaron pequeñas cantidades de marihuana y hachís.
«Que en tan pocos días haya habido ya tres intervenciones demuestra la eficacia del plan», explicó ayer también el director insular de las Pitiüses, José Manuel Bar.
Del total de policías nacionales que participarán en Balears en este plan especial, 75 actuarán de uniforme con la finalidad de disuadir la venta de drogas y 25 irán de paisano a fin de detectar la distribución y consumo de estupefacientes en el entorno de los centros docentes. Los 600 guardias civiles que se movilizarán en este operativo tendrán horarios específicos en sus patrullas que coincidirán con los recreos y la entrada y la salida de los colegios e institutos, ya que son los momentos en los que «puede haber más incidencia», indicó Socías.
Para la implantación de este plan, que tendrá una vigencia de dos años, se ha diseñado un mapa de puntos de riesgo en los que se ha detectado con anterioridad que se producía menudeo de droga, que el delegado del Gobierno declinó hacer públicos para garantizar el éxito del proyecto.
Los agentes adscritos a este programa cubrirán también las actividades extraescolares que conlleven una importante afluencia de estudiantes y su actividad se limitará al exterior de los centros, excepto en los casos en los que éstos soliciten que actúen en su interior. Éstas últimas siempre se realizarán con agentes de paisano para evitar «situaciones violentas».
Con la idea de favorecer la articulación de este dispositivo, la Delegación del Gobierno ha convocado tres reuniones para la próxima semana en las que informará y pedirá la colaboración de las asociaciones de padres y madres de alumnos, de la Conselleria de Educación y las patronales del sector docente y de los profesionales y sindicatos de la enseñanza. Una iniciativa similar se llevara a cabo en las Pitiüses de la mano del director insular, José Manuel Bar.
El desarrollo del plan se revisará cada tres meses, con el objetivo de incidir en la eficacia de las actuaciones y comprobar si es necesario aumentar las sanciones que se impongan. Este programa ha sido diseñado para combatir el aumento del consumo de drogas en las zonas escolares y la disminución de la edad en la que los jóvenes se inician en el consumo de estupefacientes, si bien el delegado del Gobierno se mostró convencido de que su aplicación incrementará también la seguridad en estas áreas.