Fernando Ferré y las tres personas que fueron detenidas tras la redada que se llevó a cabo en los hoteles San Remo y s'Estanyol, saldada con un total de 32 arrestados, pudieron incurrir en la comisión de un presunto delito contra el derecho de los trabajadores. El juez Pablo Mendoza, al respecto, intentará en los próximos días recabar el testimonio de los inmigrantes que presuntamente trabajaban en las reformas de dichos establecimientos hoteleros sin las necesarias garantías laborales y sin situación legal en España.
Dichas declaraciones, conjuntamente con el atestado policial que ya entregó en su día en el juzgado la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, pueden determinar si finalmente Ferré y los otros sospechosos tienen que presentarse ante el juez para defenderse de este posible delito en calidad de imputados.
Los inmigrantes que fueron sorprendidos en los hoteles que se vinculan a los negocios de Ferré, la mayoría de ellos rumanos, no quisieron en principio declarar en Comisaría contra el empresario. La investigación policial, sin embargo, continuó y posteriormente se reunieron pruebas que se saldaron con el arresto del gaditano F.R.C., de 53 años, el mallorquín J.B.S., de 39, y el marroquí N.E.B., de 39. Ferré eludió su detención al asegurar, durante los trámites para su localización, que estaba ingresado en un centro hospitalario de la isla a causa de una dolencia cardiaca. Algunos de los afectados, sin embargo, señalaron a este periódico que vieron al empresario por sus hoteles cuando la policía realizaba las gestiones para que diera explicaciones por su relación con los inmigrantes. El juzgado, en todo caso, intentará aclarar ahora las presuntas responsabilidades de cada uno de los detenidos. En esta investigación se busca dilucidar si Ferré podría tener pleno conocimiento de cómo se estaban llevando a cabo las reformas de sus hoteles, así como el grado de implicación de las personas que se cree actuaban para él como capataces en la contratación de los inmigrantes. Según la información recogida por este periódico, los obreros cobraban 3,22 euros a la hora en jornadas que se prolongaban de sol a sol.