El fiscal solicitó ayer una pena de cinco años de prisión para cada uno de los tres acusados por un atraco en un club de alterne de la Avenida 8 d'Agost de Eivissa en septiembre de 2003, un golpe en el que fueron sustraídos unos 93.000 euros de la caja fuerte del local. Por su parte, la defensa solicita la libre absolución de los tres acusados, ya que considera que no se ha presentado ninguna prueba concluyente que certifique una presunta culpabilidad. Dos de los acusados trabajaban en este club de alterne y, según el escrito de acusación, estaban en complicidad con un tercero, que fue despedido de su trabajo a raíz de su detención, lo que ocurrió pocos días después del atraco.
Los tres se sentaron ayer frente a la jueza del Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, que dejó el caso visto para sentencia tras escuchar los testimonios de los acusados y de numerosos testigos, entre estos las responsables y trabajadoras del club de alterne y los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en el caso.
En el juicio, el fiscal insistió en las supuestas contradicciones que los acusados demostraron en sus declaraciones de ayer frente a lo que relataron en Comisaría y en el Juzgado de Instrucción cuando fueron detenidos. Dos de los acusados declararon en aquella ocasión que no se habían llamado por teléfono la mañana que ocurrió el atraco, mientras que ayer se mostraron dubitativos cuando el fiscal les dijo que la información obtenida de Telefónica señalaba que estos dos acusados se habían enviado desde sus teléfonos móviles once mensajes y habían realizado una llamada de trece minutos de duración.
El atraco se produjo el 3 de septiembre por la mañana. Un encapuchado con una pistola -que después se supo que era una réplica- entró en el local y encañonó a uno de los guardias de seguridad, ahora acusado de complicidad, y a la responsable del club, que tras abrir la caja le entregó el dinero. Ésta declaró ayer que el guardia de seguridad mostró un comportamiento muy extraño que le hizo sospechar. Este acusado, por su parte, recriminó ante la jueza el hecho de que, supuestamente, la policía no tomara huellas en el lugar.