La juez Martina Rodríguez, responsable del juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, ha absuelto al granjero de Puig den Valls que tuvo que sentarse en el banquillo acusado de un supuesto delito contra el medio ambiente en la explotación de una granja porcina. El sospechoso ha salido, de esta manera, airoso de un proceso en el que se pedía para el acusado no sólo el cierre de la explotación sino también una condena de tres años y mes de prisión. Las actuaciones penales contra dicha persona se iniciaron después de que una vecina afectada por la granja interpusiera una denuncia ante la Guardia Civil en abril de 2004 en la que se responsabilizaba al granjero de contaminar un cerdo con los purines de los cerdos que tenía. Duramte el juicio, la defensa del acusado aseguró que el granjero había tomado las medidas necesarias, y las que se le pidieron , para evitar que su trabajo con los cerdos pudiera afectar indebidamente al medioambiente.
«Su actividad estaba fiscalizada, controlada, y actuó con plena legalidad», dijo el letrado, quien también señaló que el acusado distribuía los restos del ganado en una extensión de 30 hectáreas.