El fiscal pidió ayer nueve meses de cárcel para un empresario de Cala de Bou al que se acusa de un presunto delito desobediencia después de que continuara con la actividad turística en su establecimiento sin haber completado los trámites necesarios para poner fin a un precinto decretado por el Ayuntamiento de Sant Josep. El acusado afirmó que no podía saber que estaba cometiendo un supuesto delito porque creía haber resuelto su caso y, además, nadie le advirtió de la posible gravedad de su acción. El suceso tuvo lugar en un conocido establecimiento de copas de la zona que por cuestiones de trafico rodado y música ha motivado múltiples quejas vecinales en distintas ocasiones. La Policía Local precisamente precintó el equipo de música de dicho establecimiento en el verano de 2004 por carecer de la licencia adecuada para ello. El empresario explicó ayer a la responsable del juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, Martina Rodríguez, que posteriormente tramitó la licencia y que en julio de 2005 fue al Ayuntamiento a pagar una sanción de 3.000 euros «creyendo que ya estaba solucionado todo». Añadió: «Nadie me dijo que luego tenía que solicitar el fin del precinto. La policía vino luego sólo a causa de que la música estaba fuerte».
Un empresario de Cala de Bou se juega nueve meses por 'burlar' un precinto
El acusado, dueño de un bar, afirma que pagó una multa y que creía que todo estaba solucionado
J. J. Monerri |