El portugués al que el equipo de seguridad de los juzgados decomisó el pasado lunes hasta diez objetos peligrosos, entre ellos al menos tres navajas y una porra, cuando pretendía entrar en el edificio exigió posteriormente que se le devolvieran todos sus efectos porque, según dijo, las «necesitaba para proteger su vida». J.P.D.S., al que se intervinieron además cortauñas, un destornillador, un sacacorchos y varios cúters, reclamó su devolución cuando salía del inmueble tras declarar en un juicio en el que, al parecer, figuraba como acusado después de supuestamente haber arrojado varias piedras contra el coche de una conductora cuando ésta circulaba.
Según J.P.D.S. argumentó que necesitaba todas esas armas para defenderse de sus vecinos de casa, un grupo de personas que, como él, vivían como okupas en una propiedad abandonada. El mismo individuo explicó que se sentía amenazado y que también quería poner una denuncia contra la citada conductora.
Esta ha sido una de las principales intervenciones realizadas por los vigilantes de los juzgados durante los últimos años, tiempo en el que también se dotó al edificio con una equipo de detección para aumentar la seguridad de los funcionarios y de las personas que acudían a estas dependencias. Los vigilantes, durante estas actuaciones, han impedido en varias ocasiones que entraran personas, incluso, armadas con pistolas de aire comprimido, y cartuchos de fogueo, cuchillos y sprays de defensa ilegales. Los vigilantes, como ocurrió en el caso de J.P.D.S., informan de la intervención a Comisaría del decomiso de los objetos que infringen la normativa que impedir con estos utensilios por la calle. Posteriormente se interpone una denuncia ante la Delegación del Gobierno que puede conllevar multas de hasta 600 euros.
En verano de 2004, por ejemplo, el equipo de seguridad llegó a requisar en tan sólo dos días nueve cuchillos cuya hoja superaba los once centímetros, máximas dimensiones que se permiten. Utensilios habituales que no infringen la normativa, como tijeras y pequeñas navajas autorizadas, son intervenidos a la entrada de los juzgados pero devueltas sin más a sus propietarios a su salida.