R.S.
Los representantes de las asociaciones de vecinos de Vila pidieron ayer al Ayuntamiento y a los cuerpos de seguridad «un control estricto sobre los horarios de cierre de bares y discotecas, así como de la ocupación de la vía pública por las terrazas», informaron ayer desde el Consistorio. El Ayuntamiento de Vila celebró ayer la Junta Local de Seguridad, en la que participaron la alcaldesa Lurdes Costa, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Albín, la directora insular de la Administración del Estado, Sofía Herranz, el comisario de la Policía Nacional, Estanislao Pérez, el jefe de la Policía Local, Manuel Ayala y el director técnico de la Policía, Juan José Ferrer.
Según el Ayuntamiento, los representantes de las asociaciones de vecinos también se interesaron por la colocación de vídeocámeras de vigilancia. El concejal de Seguridad Ciudadana les dijo que está previsto que la instalación de les videocámaras sea adjudicada «en el término de una semana». A partir de este momento, la empresa adjudicataria dispondrá de un mes per colocarlas y ponerlas en marcha, siempre según el Ayuntamiento.
Al respecto, el PP denunció recientemente «el retraso» en la instalación de este sistema de videovigilancia, que funciona en Sant Antoni hace ya varias temporadas, que, según la oposición debería haber sido colocado hace ya varias semanas.
Los vecinos también han pedido a la Policía Nacional un mayor control sobre el tráfico de drogas y sobre grupos de jóvenes que han protagonizado actos de vandalismo. Finalmente, también reclamaron más vigilancia sobre la prostitución en el barrio de ses Figueretes.
La prostitución callejera en ses Figueretes es un asunto que ya ha sido abordado sin éxito por anteriores concejales responsables de la Policía Local de Eivissa, al igual que en el municipio de Sant Antoni, donde se creó la pasada legislatura una ordenanza que prohibía el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. Esta ordenanza, copiada de la del municipio de Calvià, entró en vigor hace tres años.
Los sindicatos USO, STEI y UGT han enviado un comunicado en el que critican «el afán recaudatorio del Consistorio [de Vila]». Estas críticas coinciden con las manifestadas por el concejal del PP Adrián Trejo, que dijo que el equipo de Gobierno utiliza a los agentes de la Policía Local para conseguir fondos, para lo que habría dado órdenes de que se pongan más multas de las que se ponían antes. Al respecto, los sindicatos se preguntan: «¿Éste es el primer paso para colocar cámaras en las avenidas para poder controlar y denunciar vehículos mal estacionados? ¿Dónde creen que se irá el que quiera hacer algo extraño? Necesitáramos cámaras en todas las calles».