Tienen entre 18 y 21 años (P. J. R., A. G. T., D. R. M. y F. N. A.) y están ya acusados de montar una organización que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres inmigrantes. Las recluían en un apartamento, las publicitaban en el periódico y todos ellos obtenían favores sexuales con el pretexto de comprobar su «destreza en el trabajo», explicó ayer el Cuerpo Nacional de Comisaría. El apartamento en que habitaban se encontraba vigilado por videocámaras y podían ser requeridas para servicios las veinticuatro horas del día. El inclumplimiento de sus 'obligaciones' se pagaba con multas de entre 20 y 500 euros. Lo más difícil, señala el cuerpo policial, fue salvar el escollo que supone convencer a las víctimas de que interpongan la preceptiva denuncia para generar la operación policial.
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