El pleno del Parlament aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley por la que insta al Gobierno central a instalar a lo largo de toda la costa balear un sistema integrado de vigilancia exterior contra el narcotráfico por vía marítima, que consistirá en la colocación de radares fijos. Esta proposición no de ley, presentada por UM, ha recibido el asentimiento de todos los grupos, incluido el PP, quien ha puntualizado que apoya la petición aunque llega «tarde», pues ha asegurado que la instalación de estos radares fue anunciada ya por el delegado del Gobierno, Ramón Socias, el 23 de agosto.
«Ya entonces se dijo que se sustituirían los radares móviles actuales y que ya estaba en marcha la instalación de los fijos, con inversiones en todas las islas -incluida Cabrera- y el primero de los cuales estaría en funcionamiento el verano que viene en Ibiza», ha relatado el diputado popular Miguel Àngel Jerez. No obstante, ha reiterado su apoyo a la proposición «porque la voluntad es buena y para que no se diga que el PP no está en la lucha contra el narcotráfico» y, sobre todo, para no hacer lo que, según Jerez, hacen los demás al debatir propuestas del PP que «es decir que no la apoyan porque el Gobierno ya lo está haciendo». A esta réplica, el portavoz de UM y defensor de la proposición no de ley, Bartomeu Vicens, respondió que su iniciativa se hizo antes de conocer esas «declaraciones» del compromiso del Gobierno central y que un ejecutivo «no se rige por declaraciones sino por boletines oficiales del Estado». Vicens ha defendido la necesidad de exigir que el próximo verano haya radares fijos en Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera y Cabrera y que, además, las embarcaciones confiscadas en las operaciones que se realicen contra el narcotráfico en las islas sean cedidas a las fuerzas de seguridad del Estado para mejorar sus recursos. La diputada del grupo mixto Marian Suárez, a pesar de manifestar su apoyo a la propuesta, ha querido dejar claro que no comparte la definición que el Gobierno da a estos radares fijos, a los que se califica de sistemas de vigilancia para el narcotráfico e inmigración ilegal. «Estas cosas no son equiparables», ha dicho.