Dos coroneles y un capitán en el banquillo de los acusados. Hoy, a las diez, arranca en la Audiencia de Palma el juicio por el llamado 'caso Facturas', en el que aparecen como imputados la que era hace tres años la cúpula militar de la Guardia Civil de Palma: el coronel Francisco Javier García Peña, el coronel Luis Cuadri Duque y el capitán José López García Trujillo, quien en su día comandó la Compañía de Eivissa. El cuarto acusado es el constructor Jaime Ferragut.
García Peña aterrizó en Mallorca en agosto de 2005 y, como es habitual en los jefes de Comandancia, se le asignó una vivienda para él y su familia, sita en el mismo recinto militar de la calle Manuel Azaña, en el Polígono de Levante. El coronel consideró que necesitaba muebles nuevos para su piso y se encontró con que no había fondos disponibles para ese fin, aunque sí para la realización de obras.
Contradicciones
A partir de este punto es cuando empiezan las contradicciones entre los imputados. Según García Peña, el entonces segundo de a bordo, Luis Cuadri, le planteó la posibilidad de utilizar ese dinero en el mobiliario deseado, mediante una factura falsa. El ex número dos niega este extremo y en el juicio que empieza mañana será de gran valor la declaración del interventor de la Comandancia, el comandante Asís Olmedo. Cuadri no recuerda haberlo citado en su despacho para hablar de la supuesta factura falsa, extremo que sí confirma el interventor.
El tercer acusado es el capitán Trujillo, en la actualidad jefe de la compañía de Calvià, y que era amigo personal del constructor Jaime Ferragut, quien supuestamente simuló la realización de una obra en al vivienda de García Peña por importe de 12.505,32 euros. El presupuesto fue aprobado por la Dirección General de la Guardia Civil, que ignoraba que las obras en realidad no se habían llevado a cabo, y Ferragut fue notificado de que tenía un plazo máximo de dos meses para culminar la obra. Con fecha del 10 de septiembre de 2005, y a pesar de que la reforma no se realizó nunca, el constructor confeccionó una factura con el presupuesto citado y el 6 de octubre de ese año García Peña libró un certificado admitiendo que las obras se habían realizado «de conformidad al presupuesto aprobado», por lo que los 12.505,32 euros fueron ingresados en la cuenta de Construcciones Calabruix S.L., propiedad de Ferragut. La Fiscalía sostiene que el constructor, una vez descontado el IVA, entregó ese dinero en un sobre cerrado al oficial Trujillo, que lo hizo llegar al coronel García Peña. El jefe de la Guardia Civil, a su vez, realizó el reintegro de esa cantidad en la caja de la Comandancia. Es decir, el presupuesto por obra se desvió a la compra de muebles, sin que la Dirección General tuviera constancia de las irregularidades. El juicio, que sentará por primera vez en el banquillo a una cúpula benemérita en Balears, se abrirá porque la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se personó como acusación particular en la causa y evitó que la Fiscalía y las defensas llegaran a algún tipo de acuerdo.
Cuando el escándalo de las facturas falsas se descubrió, un año después, el entonces mando único de Policía y Guardia Civil, el mallorquín Joan Mesquida, cesó fulminantemente a García Peña y colocó en su lugar al coronel Basilio Sánchez Rufo, que sigue siendo en la actualidad el máximo responsable del Instituto Armado. La expectación en la Comandancia y en las unidades de Balears es máxima.