Los jueces de Eivissa son los únicos de Balears que acordaron ayer celebrar una jornada de huelga el próximo 18 de febrero de 2009, desde las 00:00 horas a las 24:00 horas, informaron ayer desde el TSJ. El resto de los partidos judiciales de Balears -Palma, Manacor, Inca y Maó- decidieron apoyar el documento de reivindicaciones de jueces decanos aprobado recientemente en una reunión en Madrid y el de la Comisión Interasociativa Permanente integrada por las cuatro asociaciones judiciales. Por tanto, los jueces de estos cuatro partidos judiciales se reunirán el próximo 18 de febrero para celebrar una nueva junta para valorar la situación.
Los jueces de Eivissa, a diferencia de sus colegas del resto del archipiélago, celebraron ayer, además de una junta, una asamblea en la que finalmente acordaron declararse en huelga ese día.
«Deterioro»
En esta asamblea, los jueces y magistrados de Eivissa señalaron «los graves defectos y carencias de la Administración de Justicia en España, especialmente la falta de medios personales y materiales, la sobrecarga de trabajo, la falta de modernización y la defectuosa gestión de los recursos existentes», señalaron desde el TSJ. Por este motivo, «ante el estado de deterioro en que se encuentra la Administración de Justicia, y con especial incidencia en la circunscripción judicial de Eivissa, ha llegado el momento de exigir a los poderes públicos la definitiva solución de estas graves carencias con el fin de poder ofrecer a los ciudadanos un servicio público moderno, ágil, eficaz y adecuado a las necesidades de la sociedad actual», señalan los jueces.
«Servicios mínimos»
La manera de exigir soluciones al Gobierno es la huelga, según los jueces de Eivissa. Los nueve que acudieron a la asamblea, convocada por el juez decano, Juan Carlos Torres, votaron a favor. Dos de los once jueces de la isla faltaron a la cita.
La huelga afectará, «sin perjuicio de los servicios mínimos que se establezcan, a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los jueces y magistrados que prestan sus servicios en este territorio, siempre y cuando hasta el citado día 18 de febrero de 2009 no se adopte o se formalice el correspondiente compromiso respecto de todas y cada una de las medidas» que los jueces de Eivissa estiman oportunas. En la asamblea los jueces de la isla también han acordado «diferir a una Asamblea posterior, y que queda ya convocada para el día 29 de enero, la decisión pertinente sobre la elección del comité de huelga y demás comunicaciones, inclusive la fijación de servicios mínimos para el caso de que no se establecieran por las autoridades correspondientes, y para el caso de que no se desconvocara la huelga en atención a las medidas y compromisos antes reseñados».
El ultimátum de los jueces de Eivissa al Gobierno incluye «la adecuación de la planta judicial a la carga de trabajo real de los órganos judiciales». Los jueces de Eivissa exigen del Ministerio de Justicia «la homologación a las medias europeas de las ratios de jueces por habitante, comprometiéndose de manera inmediata un plan de ejecución en un plazo máximo de cinco años».
Pero además, del Consejo General del Poder Judicial los jueces de la isla exigen la aprobación de un Reglamento que establezca la carga de trabajo que cada juez debe y puede asumir para dispensar una justicia de calidad. Para lograr estos objetivos a su juicio es necesario:
Inversión. Un incremento en un plazo máximo de cinco años de la inversión en Justicia de acuerdo con la media europea, pasando del 1 por ciento actual al 3,5 por ciento.
Recursos. Dotación y asignación eficiente de cuantos recursos personales, materiales y técnicos sean precisos para el adecuado desempeño del servicio público de la Administración de Justicia.
Oficina judicial. Definitiva instauración y dotación de la oficina judicial con fecha límite de 1 de enero de 2010, con una clara delimitación de las funciones y responsabilidades que corresponden a los jueces y a los secretarios judiciales.
Agenda de señalamientos. Atribución a los jueces del control de la agenda de señalamientos como parte de la organización de su propio trabajo y condición material de la independencia judicial.
Ley de Retribuciones. Cumplimiento de las previsiones de actualización de la vigente Ley de Retribuciones.