El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo ha dictaminado que un agente de la Guardia Civil que estaba destinado en Eivissa tiene derecho a cobrar del instituto armado 84,13 euros en concepto de dietas después de que, por motivo de un juicio por tráfico de drogas, se viera conminado en 2006 a hacer más de 1.500 kilómetros para atender con su obligación de comparecer como testigo.
La demora del litigio va a suponer que la Guardia Civil de Balears tenga que hacer frente a una factura mucho mayor si el entonces coronel jefe de las 17 Zona hubiera aceptado la reclamación del agente para que le pagaran tres días de dietas, según informó La Voz de Galicia.
El tribunal reconoce en su sentencia que el agente, ahora un cabo destinado en la localidad manchega de Villarrobledo, tiene derecho a esta cantidad porque se le había autorizado a estar en Lugo como consecuencia de una baja por enfermedad.