M.G., una mujer sobre la que al parecer pesa una orden de expulsión por estancia irregular en el país, se enfrenta a un año de prisión que el Ministerio Fiscal solicita para ella por un delito de resistencia sobre un agente local de Sant Antoni. Ella asegura que no se negó a identificarse ni insultó a los agentes y que la rociaron dos veces con gas pimienta sin motivo.
Los policías dicen que la pidieron la documentación porque ofrecía servicios sexuales en el West End, y que se negó a identificarse y que además les insultó llamándoles «racistas».