El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que en enero de 2003 se tomó la última decisión de excluir de la judicatura ibicenca a la actual directora general de Justicia del Govern, Marta Díaz Pascual, calificó como de «no conveniente» su renovación. El acuerdo se adoptó aunque la juez, con diez años ejerciendo como sustituta, había sido de nuevo propuesta por la Sala de Gobierno para cumplimentar una plaza durante el año judicial 2002/2003.
Díaz, sin embargo, logró plaza como interina en el Consell, en 2002, posición en la que estuvo hasta que hace pocas semanas decidió dejar su puesto como jefa de sección en Recursos Humanos para ocupar el cargo que actualmente ostenta.
Investigación
La decisión del CGPJ se acordó pese a que se tenía pleno conocimiento que la inspectora que investigó la actuación de la que era jueza sustituta y de su compañero, entonces funcionario en el juzgado de Paz de Santa Eulària, en la compra de la vivienda que motivó la investigación interna se sobreseyó sin prueba alguna que desvelara alguna irregularidad.
Al respecto, según nuevos datos a los que ha tenido acceso este periódico, el máximo órgano de los jueces, pese a la propuesta no vinculante del TSJ de Balears y al archivo de las diligencias que podían haber concluido en una sanción disciplinaria, se basó en una sentencia del Tribunal Supremo en la que se respalda la no renovación aunque las sospechas fueran infundadas para acabar con cualquier suspicacia o posibilidad de que una decisión de esta juez pudiera quedar por entredicho a raíz de este caso. Al parecer, Díaz Pascual decidió no presentar ningún recurso más. Fuentes del TSJ de Balears confirmaron ayer que Díaz Pascual no volvió a ejercer en Eivissa después de 2002. El informe del servicio de inspección del CGPJ recogió que el juez, en el pleito que emprendió el ciudadano alemán al que se le embargó un piso en el edificio Transat al no notificársele convenientemente y al que el Tribunal Constitucional dio la razón en noviembre de 2000, terminó determinando un mes después que la compra realizada por Díaz y su pareja era «indemne e inatacable al considerarla una adquisición por terceros de buena fe».
Hipotecada
La actual directora general de Justicia dijo durante la investigación que conoció la existencia de la venta del piso en un anuncio en un supermercado y que se hipotecó para pagar los 7.500.000 pesetas que le costó, un inmueble que, según ella, estaba en «estado lamentable». Dicho piso, el 305 del Transat que al parecer tenía un valor en tasa de 12.750.000, fue adquirido, tras una subasta, en diciembre de 1997 por la entidad Yunamil SL, entidad que no volvió a participar en ninguna puja. En febrero de 1998 ya estaba vendido a Díaz y a su compañero.
La consellera de Innovació, Interior i Justícia, Pilar Costa, hizo ayer especial hincapié en que al propia inspección del CGPJ se había sobreseído sin prueba alguna sobre Díaz cuando era juez sustituta. «Los datos objetivos son los que son. La investigación se saldó a su favor y el propio juez señaló que fue una compra por terceros de buena fe. Habrá que saber también los motivos por los que el Poder Judicial tomó esa decisión pero en ningún caso hubo irregularidad alguna», declaró Costa.