El inminente desalojo de una parcela en sa Joveria, donde pueden residir más de 100 personas, constató de nuevo la preocupante situación de numerosos ciudadanos en la isla. Según detalló este sábado el Ayuntamiento, el pasado 20 de marzo recibió una notificación de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma autorizando la entrada, desmontaje y limpieza de la parcela. El Ayuntamiento propuso al juzgado proceder al desalojo el próximo 21 de abril a las 10:00 horas, tal como avanzó ayer Periódico de Ibiza y Formentera.
El alcalde Rafa Triguero reiteró ayer el mensaje «claro y contundente» que siempre han lanzado desde el Ayuntamiento en el que se asegura que no van a tolerar estos asentamientos en el municipio.
«El problema de la vivienda es grave y el Consistorio ha proyectado durante este mandato más vivienda protegida que nunca. Sin embargo, debido a los recursos, este Ayuntamiento no puede asumir la responsabilidad de normalizar esta situación porque la solución no puede ser vivir en esas condiciones indignas e insalubres», manifestó Triguero.
El alcalde insistió en que, quien piense que puede venir a hacer la temporada y vivir en esas condiciones, «debe saber que no lo vamos a permitir». Al mismo tiempo, recordó que los servicios municipales asistirán a los afectados por el desalojo, «pero esa forma de vida no puede ser considerada normal ni puede perpetuarse en la ciudad de Ibiza».
Petición
El Consistorio explicó ayer que el pasado noviembre solicitó a los propietarios del terreno, mediante un procedimiento de orden de ejecución, el cumplimiento de su deber de conservación de la propiedad con la retirada de los residuos y demás actuaciones necesarias. Tras constatar la imposibilidad de los propietarios de limpiar el terreno, se inició el procedimiento judicial que autoriza la entrada, desmantelamiento y limpieza de dicha parcela, que posteriormente será vallada para evitar que esta situación se vuelva a producir.
En el terreno se habían ido estableciendo infraviviendas, casetas y tiendas de campaña y, en total, podían residir en la zona unas 130 personas, según los últimos recuentos realizados por la Policía Local y los servicios sociales municipales.
El Ayuntamiento explicó este sábado que los ocupantes del asentamiento no tienen unas condiciones mínimas de higiene y seguridad; no hay fosas sépticas ni agua potable o tratamiento de residuos y, además, existe un grave riesgo tanto para la salud como para la seguridad, al haber riesgo de plagas y un alto peligro de incendios, ya que se han encontrado hornillos, estufas, bombonas de gas y otros elementos destinados a cocinar y a hacer fuego.
Entre la documentación presentada por el Ayuntamiento y que forma parte del expediente y procedimiento judicial, destacan varios informes de distintos organismos, entre ellos, el hospital Can Misses, que alerta de los riesgos por desplazamientos de objetos próximos a su helipuerto, accesos no autorizados al recinto hospitalario, ausencia de servicios básicos como el abastecimiento de agua potable o acumulación de residuos sólidos.
En estos informes se destaca el riesgo ambiental y sanitario, asociado a una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, así como un aumento del riesgo de episodios infecciosos vinculados a condiciones de higiene insuficientes. El hospital también alerta del uso no autorizado de instalaciones y suministros, así como un aumento de la carga operativa sobre los servicios de Seguridad, Desinsectación y Desratización.
El Ayuntamiento recordó ayer que el pasado mayo constituyó una mesa de trabajo sobre los asentamientos y actualmente trabaja en seis expedientes de vulnerabilidad abiertos por los servicios sociales municipales.
Sindicatos
El secretario general de UGT en las Pitiusas, Pedro Campillo, expresó ayer su preocupación por el futuro de los residentes en este asentamiento, muchos de ellos trabajadores que, a las puertas de la temporada, se van a quedar sin una solución habitacional. «Esperamos que los recursos sociales habiliten medidas para los más vulnerables y que se haya previsto un despliegue de ayudas», señaló.
«Los asentamientos son el primer síntoma de la degradación habitacional que sufrimos. La falta de viviendas a precios asequibles es un auténtico drama», insistió.
Campillo aseguró que las reglas «no se pueden vulnerar», por lo que no pueden permitirse estos campamentos ilegales. Sin embargo, y aunque hay que respetar las normas, también deben respetarse los derechos humanos y las administraciones tienen que garantizar el derecho a una vivienda digna. «Los sindicatos llevamos años denunciando esto y la inactividad política y la falta de visión nos ha llevado a esta situación», concluyó.
Cabe recordar que también el 29 de abril se procederá al desalojo por orden judicial del campamento chabolista establecido en una parcela de Can Misses, en el que residen cerca de 80 personas en caravanas y tiendas de campaña, además de otras infraviviendas. En este caso, la sentencia que ordena este desalojo fue dictada el pasado otoño, según indicaron fuentes de la propiedad del terreno a Periódico de Ibiza y Formentera.
Eso díselo a la chica que violaron en Formentera y al pozo de mierda que de esta convirtiendo Catalunya con tanta permisividad...