El ibicenco de Santa Eulària A.J.F., de 36 años de edad, que agredió a su padre y a su madre, de 70 y 66 años, respectivamente, con quienes aún convive, aceptó ayer una condena de 132 días de trabajo en beneficio de la comunidad y una orden de alejamiento respecto de sus progenitores a un mínimo de 25 metros durante un periodo de un año. La condena, por dos delitos de maltrato familiar, fue dictada ayer por la mañana in voce por la juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Ramírez de Arellano, después de que el Ministerio Público, que en principio solicitaba un año de prisión para el acusado, y la defensa alcanzaran un acuerdo. Tampoco podrá usar armas de fuego durante tres años.
Ante el juez de guardia, A.J.F. declaró que no se acordaba bien de lo sucedido, aunque él mismo no descartó la posibilidad de que hubiera agredido a sus padres. Durante sus manifestaciones, sin embargo, quiso hacer hincapié en que su padre llegó a desabrocharse el cinturón.
El suceso ocurrió en el domicilio familiar, una casa de campo de Santa Eulària en la que la familia lleva a cabo actividades de agricultura y ganadería. El acusado llegó a casa y se fue a su habitación, de la que salió cuando su padre comenzaba a cenar.
Trabajar más
Fue entonces cuando el hombre dijo a su hijo que consideraba que no estaba trabajando lo suficiente. Según consta la denuncia, este comentario provocó la cólera del hijo.
Éste quiso recordar a su padre que llevaba todo el día trabajando y luego, presuntamente, le propinó un fuerte empujón que lo tiró de la silla. Una vez en el suelo, la asestó varias patadas, según la denuncia. La madre, por su parte, también cayó al suelo al agarrar a su hijo para que parara las agresiones. Al parecer, su hijo la empujó.
El codeando podrá seguir trabajando en la granja familiar pero sin acercarse a sus padres a menos de 25 metros, que es la medida que la juez le impuso. La juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Ramírez de Arellano, impuso una distancia corta -los 25 metros- con el fin de que la familia pueda seguir trabajando. Los tres viven y trabajan en la misma finca rural de Santa Eulària, de forma que la juez ha buscado la mejor solución para un caso tan complejo.