El hotelero con más camas esquiva la cárcel

Un acuerdo judicial entre el fiscal, los abogados, afectados y acusados implicados después de la redada policial que en febrero de 2006 puso contra las cuerdas al empresario Fernando Ferré al descubrirse a un numerosos grupo de trabajadores ilegales en la reformas de los hoteles San Remo y s'Estanyol ha permitido eludir un juicio que le podía haber llevado a la cárcel.

 

Ferré aceptó ayer una condena de dos años de prisión, multas que suman los 15.600 euros y que sustituyen penas de cárcel e indemnizaciones que alcanzan los 79.000 euros a repartir entre 13 trabajadores perjudicados por sus manejos.

 

Rebaja

Todo ello frente a los diez años de cárcel a los que se enfrentaba si hoy, como en un principio estaba previsto, se hubiera tenido que sentar en el banquillo del juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa para responder de los delitos contra los derecho a los trabajadores y amenazas que se le imputaban.

 

De este mismo acuerdo se han beneficiado los tres capataces que actuaron para Ferré para conseguir mano de obra barata para las reformas de sus hoteles de Cala de Bou. F.R.C, J.B.S. y el magrebí N.E.B. obtuvieron otra sustanciosa rebaja al dejar los años de prisión en juego que, el fiscal y las acusaciones particulares les pedían a cada uno de ellos al mínimo de dos, conjuntamente con el abono de sanciones económicas que rondan los 3.000 euros.

 

El empresario tarraconense no ingresará en prisión por carecer de antecedes. Sin embargo, ahora debe esperar el resultado de otro proceso que hay abierto por un supuesto fraude a la seguridad social que se investiga tras descubrirse que en sus empresas había trabajadores traídos expresamente de Chequia con contrataciones que podrían resultar irregulares. Los encargados de sus obras en s'Estanyol y San Remo tampoco entrarán en la cárcel, a excepción del magrebí N.E.B. que sí tiene esta posibilidad porque, según fuentes judiciales, sí cuenta con antecedentes por otros delitos.

 

Un total de 13 trabajadores ilegales figuraban como víctimas acreditadas en este caso, cuya investigación inició el Cuerpo Nacional de Policía en noviembre de 2005 y culminó en la mañana del 3 de febrero de 2006. Los trabajadores dijeron residir en las obras y realizar jornadas maratonianas remuneradas escasamente.