La juez Carmen Martín, instructora de la investigación policial que ha permitido impedir que entraran 814 kilos de cocaína en Eivissa en un falso camión del rally Dakar, ordenó ayer el encarcelamiento de los dos ibicencos detenidos en el marco de la operación. El supuesto responsable de la red en la Isla, J.G.R., y el hombre al que se le atribuye el trabajo de ingeniería, con 32 dobles fondos que se practicaron al vehículo, A.M.R., ingresaron en prisión con cara de sorpresa después de que 48 horas antes eludieran la cárcel tras depositar en tiempo récord los 8.000 euros de fianza que entonces se les exigieron.
Fuentes del TSJ informaron de que la juez Martín, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, tomó esta medida después de que ambos acusados declararan de nuevo en sede judicial y tras valorarse su testimonio con respecto a más datos recogidos por un caso que aún permanece bajo secreto de sumario.
Contradicciones
La magistrada comunicó a ambos sospechosos su nueva decisión sobre las tres y cuarto de la tarde. Según la información recogida por este periódico, todo ello ocurrió después de que la misma fiscal que el lunes, en la anterior comparecencia, requirió la prisión con fianza de los acusados sopesara ahora que existía riesgo de fuga.
El cambio de parecer de la representante del ministerio público se produjo después de que nuevas diligencias efectuadas hayan supuestamente aportado indicios más concluyentes de la relación de los dos ibicencos con el alijo. A ello se sumó que durante la declaración de los dos hombres se detectaron múltiples contradicciones en sus testimonios, hecho que reforzó los indicios de su posible participación en la preparación y envío del alijo, valorado en 27 millones de euros, aprehendido en Bilbao tras su embarque en Argentina.
Los dos abogados de los acusados, los letrados Jaume Roig y Maria Eulària Mújica, mostraron su perplejidad por la decisión judicial de encarcelar a sus clientes dos días después de que se hubiera considerado suficiente que una fianza de 8.000 euros, la retirada de sus respectivos pasaportes y pasar periódicamente a firmar al juzgado avalaran la imposibilidad de que A.M.R. y J.G.R. intentaran sustraerse a la acción de la Justicia.
«Es sorpresivo y contradictorio que esto se produzca 48 horas después de una decisión tomada por la misma juez y la misma fiscal», señaló Roig. «Carece de fundamentación y se han basado de supuestas contradicciones que no son tales», añadió.
Preguntas
Los letrados también hicieron hincapié en que, a su juicio, no se habían aportado más pruebas frente a los acusados que despertaran más dudas. «Si hay nuevos hechos y éstos se refieren a otras circunstancias que están en autos no podemos más que inquirir que por qué no se ha preguntado al respecto», indicó Roig. «Lo cierto es que estas personas cuentan con arraigo en la Isla, domicilio y no era necesario adoptar una medida gravosa que en este caso consideramos exagerada. Hemos pasado de la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad», concluyó.