Un hombre de nacionalidad senegalesa que trabaja en España desde hace diez años, Ch.M., se enfrenta a una petición de un año de prisión por parte del ministerio público por un presunto delito contra la propiedad industrial y cuatro meses más por conducir sin carné. No obstante, este último cargo se retiraría una vez que el acusado remita el permiso de conducir de su país, ya que, aseguró, cuenta con él. El juicio se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa.
El senegalés fue detenido por una patrulla de la Guardia Civil en diciembre de 2007 cuando circulaba con un Volkswagen Polo por Sant Antoni. Según declaró uno de los guardias que realizó el atestado a través de videoconferencia, le dieron el alto porque conducía muy rápido.
Le pidieron el carné de conducir y no lo mostró, dijo el agente. Además, cuando registraron el maletero del vehículo, los agentes encontraron una bolsa con 50 discos compactos supuestamente pirateados. Por su parte, el acusado insistió en que dispone de carné de conducir senegalés, que el coche que llevaba no era suyo, sino de un conocido.
Dijo que él nunca usaba ese coche, pero que aquel día tuvo que cogerlo porque su mujer, que estaba embarazada, tenía que acudir urgentemente al hospital.
El agente que declaró corroboró que en el coche también viajaba la mujer del detenido y que éste ya en ese momento les explicó que conducía rápido por la urgencia de llevar a su pareja al centro médico de Sant Antoni, donde residía la pareja.
Venta ambulante
El senegalés insistió en que los discos compactos no eran suyos y aseguró que trabaja con regularidad y de forma legal en España desde hace años, por lo que no tiene necesidad de dedicarse a la venta ambulante de productor pirateados, lo que representa un delito contra la propiedad industrial.
El acusado reside en la actualidad en Sevilla, desde donde viajó para el juicio que se celebró ayer.
Juicio suspendido
El juicio quedó suspendido hasta el 8 de junio a petición del ministerio público, ya que no acudieron a la cita uno de los agentes de la Guardia Civil que detuvo al acusado y un perito que debe certificar si los discos eran o no piratas.