La Justicia chilena ha acogido una solicitud del Estado para retener el patrimonio de la minera San Esteban con el fin de que se haga cargo del pago del rescate de los 33 trabajadores atrapados en el norte del país desde hace casi dos meses, que se ha cifrado en 4.873 millones de pesos (9,7 millones de dólares), según informó ayer la prensa local. Un juzgado civil de Santiago aceptó el jueves la petición presentada el pasado 16 de septiembre por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo encargado de representarlo jurídicamente, para retener todo el patrimonio de la empresa.
Según el documento presentado por el CDE, el objetivo de estas medidas cautelares es recuperar el dinero invertido hasta el momento por el Estado, que según este informe alcanzaba los 1.834 millones de pesos (3,6 millones de dólares) hasta el pasado 16 de septiembre.
Entre esas medidas, se prohibió a la minera San Esteban, dueña del yacimiento San José, celebrar actos y contratos, y se retuvo un total de 61 pertenencias mineras, 32 automóviles, así como tres bienes raíces para evitar su posible traspaso.
Además, en el escrito presentado ante el juzgado, el CDE aseguró que esta petición es «una gestión previa para asegurar el resultado de la acción futura».
En tanto, el abogado de la minera, Jorge Aguilar, señaló ayer que «estas medidas son innecesarias, ya que la empresa se encuentra sometida a la intervención de un procurador que impediría el traspaso de cualquier bien». Además, Aguilar añadió que si finalmente la empresa entra en quiebra en 30 días, «el impacto de las medidas cautelares sería nulo, ya que quedarían inmediatamente sin efecto».