La juez Martina Rodríguez, máxima responsable del Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, ha condenado a pagar cerca de 4.000 euros al propietario de una casa de Sant Ferran que cambió la cerradura de la puerta de entrada del inmueble para evitar que vecinos suyos, con los que había tenido problemas, pudieran acceder a su domicilio. El acusado se negó en un principio, tras ser denunciado, a entregar una copia de la llave a la Guardia Civil.
El acusado, que ha respondido de un delito de coacciones, tendrá que pagar una multa de 2.250 euros por su acción y, a su vez, deberá indemnizar con 1.500 euros a la principal afectada, mujer entonces del constructor del edificio.
Origen
El incidente tuvo lugar en la calle Guillem de Montgrí. «Debido a diversos problemas que surgieron tras la adquisición de la vivienda por parte del acusado y el constructor, el primero, con el propósito de impedir el acceso de este último y de su esposa al inmueble, procedió en fecha no determinada, pero anterior al día 23 de julio de 2008, a cambiar la cerradura de la puerta de entrada del edificio», según considera probado la juez.
En esta sentencia se añade que dicha acción se realizó «sin comunicarlo al matrimonio, de forma que al intentar la mujer acceder al inmueble , ya no pudo, denunciando los hechos al día siguiente en las dependencias de la Guardia Civil de Formentera».
La magistrada es aún más explícita cuando analiza también que, pese al empeño de la Guardia Civil, éste se negó a facilitar una llave de la nueva cerradura.
«A instancias de la autoridad judicial, el acusado debió facilitar una copia de la llave a los agentes que, a tal efecto, fueron comisionados por el juzgado instructor», resuelve la juez.