El agente del puesto de la Guardia Civil de Sant Antoni que fue detenido en una actuación del Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Compañía de Eivissa por supuestamente traficar con anabolizantes tendrá que pasar ahora por el juzgado cada 15 días para estampar su firma.
Lo mismo deberán hacer las otras dos personas, dos ibicencos que fueron arrestados en la Isla después de que se enviaran desde Valencia dos paquetes con ampollas de hormonas para el crecimiento que se cree iban a ser distribuidos entre clientes de gimnasios de la bahía de Portmany. El cuarto acusado, capturado en Valencia, por su parte, fue entregado en un juzgado de esta provincia.
Investigado
El guardia civil de nuevo bajo sospecha, un joven, al parecer natural de Barcelona, estuvo apartado del servicio después de verse implicado en febrero en la ‘operación Benimussa'. El agente, imputado con otros tres guardias por presuntamente no perseguir delitos de tráfico de drogas y robo que se atribuyeron a la veintena de personas detenidas tras investigar el Instituto Armado el crimen del colombiano José Julián del Río ‘Carlos', había regresado a su puesto de trabajo después de que durante la instrucción de la causa perdiera esta condición en beneficio de la de testigo. Peor suerte tuvieron los otros dos guardias civiles que en el marco de esta misma operación fueron detenidos. Uno acabó en prisión y el otro fue imputado por revelación de secretos.
El agente implicado ahora en esta trama de comercio ilegal de anabolizantes tendrá supuestamente que enfrentarse otra vez a una retirada cautelar del servicio mientras el juzgado resuelve si incurrió en algún hecho sancionable penalmente. En Eivissa se decomisaron cerca de 400 dosis, mientras que en Valencia se requisaron otras 300 al hombre que allí fue detenido y que presuntamente era el distribuidor de las sustancias al grupo de Eivissa.