Miguel B.C., de 62 años de edad, alcanzó ayer un acuerdo de conformidad con el ministerio público y aceptó la imposición de una pena de seis meses y un día de prisión y una multa de 1.800 euros por la comisión de un delito de incendio forestal imprudente. La juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Ramírez de Arellano, dictó sentencia ‘in voce'.
Miguel B.C. fue acusado pro causar en abril de 2010 un incendio forestal en la finca Can Pau de Buscastell, en el municipio de Sant Antoni, que arrasó 15.000 metros cuadrados. El fuego afectó a una finca propiedad de él mismo y de su esposa. El hombre, al intentar apagarlo, sufrió quemaduras en las manos.
Rastrojos y restos de poda
El fuego, derivado de una quema de rastrojos y restos de poda, se produjo el 5 de abril de 2010. Unos días más tarde la Guardia Civil lo detuvo después de que los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado abrieran diligencias por un delito de incendio forestal por imprudencia.
Las tareas de extinción, en las que participaron los bomberos del Consell d'Eivissa, agentes del Ibanat y medios aéreos que volaron a la zona desde Mallorca, duraron unas cinco horas, de las 13,00 hasta las 18,00, pero hubo vigilar a lo largo de toda la noche que las llamas no se reavivaran.
Al respecto, ayer, después del juicio, trascendió que Miguel B.C. ya se hizo cargo de los costes del servicio de extinción en lo referente al Consell d'Eivissa, es decir, en lo referente a los bomberos.
Al parecer, desde el Consell d'Eivissa estimaron que el gasto fue de 1.672 euros. Aparte estaría el gasto generado con el servicio del Ibanat, que además de enviar técnicos al lugar del incendio también envió, desde Mallorca, medios aéreos para la extinción del fuego.
El abogado de Miguel B.C. tiene intención de pedir la suspensión de la pena, de forma que el condenado no tendría que ingresar en prisión puesto que carece antecedentes penales.