Los jueces del Partido Judicial de Eivissa y Formentera anunciaron ayer, por boca de su juez decano, Juan Carlos Torres, que no descartan ir a la huelga el próximo mes de octubre como medida de presión ante los recortes y las propuestas de reformas de la justicia propuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Según informó Torres, la decisión se tomó por unanimidad tras una reunión de la Junta de Jueces celebrada ayer por la mañana y en la que participaron 11 de los 12 magistrados de la Isla. En ella, también se aprobó llevar a cabo otras medidas de presión como, por ejemplo, «el cumplimiento estricto de las horas de audiencia establecidas por la ley, y que serán únicamente cuatro al día, y fijar un horario de trabajo de 37 horas y media semanales, entre audiencias y trabajo de despacho». Incluso explicó que, si bien los secretarios intentarán fijar las vistas de la mejor manera posible para no superar este tiempo, «si el juicio está celebrándose cuando llegue la hora se interrumpirá aunque no haya terminado».
En este sentido, el juez decano afirmó ser consciente de que estas medidas pueden provocar que la justicia de Eivissa se colapse aún más, aunque aseguró, tajantemente, «que el aumento de la lista de espera en la Isla para celebrar un juicio no es nuestro problema».
Profundo malestar
Con estas decisiones se quiere dejar patente, según el juez decano de Eivissa, «el profundo malestar de la carrera judicial y fiscal debido a la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español para impulsar una justicia ágil y eficaz, dotándola de los medios personales y materiales necesarios».
Según el portavoz de los jueces de las Pitiüses, actualmente se vive «una total ausencia de inversión en justicia, se han congelado las plazas para jueces, fiscales y funcionarios después de haberlas aprobado, se han recortado los salarios», y, además, «hay una profunda descoordinación en la gestión de la Administración de la Justicia y un fuerte control político».
Por eso, la Junta de Jueces de Eivissa, al igual que la mayoría de juntas de todo nuestro país, reclama el mantenimiento de un estatuto profesional que contemple la singularidad de su función y en el que no se limiten sus funciones y derechos, el desarrollo de reformas para solucionar el actual colapso judicial y que compensen los problemas de presupuesto para la modernización de la Administración de Justicia, la convocatoria de oposiciones para cubrir aquellas plazas de Juez y Fiscal ya presupuestadas y ofertadas, y el pleno respeto a la independencia, competencia y función del Consejo General del Poder Judicial.