El juicio por el homicidio de María Karina Rosales Rivera está previsto que se celebre a finales del próximo mes de mayo, señalaron fuentes judiciales, tres años después de su muerte. El cuerpo sin vida de la venezolana fue encontrado el 12 de mayo de 2012 en una vieja ruina de la zona Cala Salada, junto a la carretera Sant Antoni- Santa Agnès. El cadáver presentaba varios golpes en la cabeza, uno de los cuales le causó una gran brecha. También tenía varios cortes en el cuello, uno de los cuales resultó mortal, ya que le segó la tráquea.
Karina tenía 38 años de edad y llevaba varios residiendo en la Isla, adonde viajó en busca de un futuro mejor que el que se le ofrecía en su país. Según explicó su padre a este periódico, en Venezuela hizo la carrera de Ingeniería, pero en Eivissa trabajaba como maquilladora.
La Policía Judicial de la Guardia Civil emprendió a partir de ese momento una investigación que desembocó en la detención, en el mes de julio de ese mismo año, del agente de la Policía Local de Sant Josep Francisco R.R., con quien la americana mantenía una relación sentimental que, al parecer, no estaba muy consolidada. Él, por su parte, siempre ha negado ser el autor del crimen. El 24 de julio del año pasado Francisco R.R. cumplió dos años en prisión provisional.
El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de 12 años de prisión. En su escrito de acusación, el fiscal destaca que el detenido mantenía una relación de «especial» amistad con María Karina, con quien convivía en su casa de Sant Josep.
El fiscal afirma que en la tarde del 11 de mayo de 2012 el acusado trasladó a la víctima en su vehículo hasta una casa abandonada situada en el kilómetro 4,5 de la carretera que une Sant Antoni con Santa Agnés. Allí iniciaron una discusión y «en un momento dado la golpeó en la cabeza con dos piedras para posteriormente, con ánimo de arrebatarle la vida, le causó una amplia y profunda incisión en el cuello con un cuchillo que le lesionó la tráquea». Tras la muerte de la mujer, el acusado «tapó el cuerpo con un tablón de madera abandonado en el lugar». Según el escrito, los hechos constituyen un delito de homicidio por lo que solicita una pena de 12 años de prisión, abono de costas y una indemnización de 200.000 euros a los padres de la víctima.
LA NOTA
«No se ha encontrado prueba irrefutable alguna que vincule al señor R.R. con el homicidio»
La abogada del acusado, Alicia Mateos, presentó en verano de 2013 un escrito en el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, cuyo titular, José Espinosa, señaló a raíz del mismo: «No se ha encontrado prueba alguna irrefutable que vincule al señor R.R. con el homicidio, pues ni sus pantalones tenían sangre, ni la colilla encontrada en el lugar del crimen era suya, ni los restos de tierra extraídos de los bajos del coche de R.R. coinciden con la tierra encontrada en el lugar de los hechos». «Surgen, pues, serias dudas sobre la auditoría del delito», argumentó el juez. No obstante, el ministerio público se opuso a su puesta en libertad provisional.