El ministerio público y el abogado de un agente de la Guardia Civil destinado en Sant Antoni, que estaba acusado por la comisión de un delito contra los derechos y garantías fundamentales alcanzaron ayer por la mañana un acuerdo, de forma que ambas partes se comprometieron a no recurrir la sentencia que dictaron ‘in voce' los magistrados de los Sección Primera de la Audiencia Provincial.
El agente reconoció la comisión de una falta de hurto, motivo por el que ha sido condenado, y aceptó pagar una sanción de 40 días a diez euros diarios, es decir, 400 euros.
Registro
Según se explica en el escrito de la acusación pública, el 6 de septiembre de 2011 este agente de la Guardia Civil «acudió junto con tres compañeros» a un hotel de Sant Antoni porque fueron requeridos por un altercado que se había producido y «procedió a realizar un registro en las pertenencias de una huésped sin su consentimiento, y sustrajo de la maleta 380 euros que había en una bolsa de plástico».
En un principio, el agente de la Guardia Civil se enfrentaba a una petición de diez años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros. El juicio se celebró ayer a las diez de la mañana en la sede de la Audiencia Provincial, en Mallorca.
Los testigos que estaban citados para esta vista, algunos de ellos compañeros del acusado en la Guardia Civil, acudieron a declarar a través de videoconferencia a los juzgados ibicencos, en la avenida Ignasi Wallis de Vila, pero finalmente su testimonio no fue necesario.