La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha destacado este miércoles que ha forzado al Ministerio de Justicia a tomar medidas en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Eivissa ante el conflicto laboral existente, que ha provocado que hasta siete de sus nueve trabajadores hayan estado de baja médica.
La organización sindical ha indicado que, tras meses de trabajo, el Ministerio de Justicia «ha tenido que reconocer» que en la plantilla del Juzgado de Violencia de género de Eivissa existen riesgos psicosociales y no «simples cuestiones disciplinarias», por lo ha puesto en marcha iniciativas para garantizar la salud de los trabajadores.
«Tras las denuncias de UGT, el Ministerio ha constatado la existencia de graves problemas de relaciones laborales que han derivado en la formación de dos grupos con un reparto injusto de cargas de trabajo, lo que ha llevado a algunos trabajadores a realizar más horas que el resto», ha señalado el delegado de Prevención de Riesgos en Justicia de la FSP-UGT, Oscar Cereijo.
Un plan para mejorar el clima laboral
Además, Cereijo ha indicado que Justicia ha reconocido que es necesario mejorar la comunicación entre la plantilla y los superiores jerárquicos, así como la aclaración de las órdenes que reciben. Así, el Ministerio implantará un plan estratégico de actuación para la mejora del clima laboral, que contempla la intermediación externa en la resolución de conflictos.
Por otro lado, la plantilla se podrá someter voluntariamente a un examen psicológico y recibir apoyo si fuera necesario y los superiores jerárquicos tendrán que recibir formación específica sobre habilidades sociales y resolución de conflictos.
Con todo, Cereijo ha insistido en que es «imprescindible» que Justicia cuente con un protocolo específico de actuación en casos de acoso y mal clima laboral, «como tienen otras administraciones», para evitar los problemas enquistados que han sufrido los trabajadores del Juzgado de Violencia de Eivissa.