Un juzgado de Santiago, en colaboración con la Policía Nacional, investiga si tres monjas de origen indio eran retenidas contra su voluntad en un convento de clausura de la capital gallega.
Fue una monja que había pertenecido a la congregación la que se presentó en dependencias policiales de Madrid el pasado 7 de enero para denunciar que «varias de sus compañeras querían abandonar» el convento de las Mercedarias de Santiago y que «hasta el momento no lo habían conseguido».
Los agentes iniciaron entonces una investigación que culminó este sábado, cuando la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, Ana López-Suevos, envió a la Policía al convento para comprobar la veracidad de la denuncia.
La comitiva judicial se personó el sábado en el convento con un auto que le permitió acceder a cinco monjas procedentes de la India, de las cuales tres mostraron su voluntad de salir del convento, no así las otras dos. En ese momento, la comitiva judicial facilitó su salida, para lo que tuvo que requerir a la congregación los pasaportes de las mujeres, según han confirmado las fuentes jurídicas contactadas.
Así, han explicado que las tres mujeres procedentes de la India que deseaban abandonar el recinto no tenían la documentación con ellas y, de hecho, en sus declaraciones mostraron que desconocían su situación documental.
Posible deportación
Precisamente, el fondo de la investigación, que como no hay denuncia de las mujeres depende de que siga adelante del posicionamiento de la Fiscalía tras llevarse estas diligencias previas a reparto, radica en si estas mujeres no podían tener acceso a su documentación personal y si sufrían coacciones de algún tipo para no abandonar la clausura.
«Una vez que decidieron irse, hubo que pedir a la congregación los pasaportes», han explicado las fuentes consultadas. En sus declaraciones, explicaron que conocían el trabajo que la congregación hacía en la India, que era una labor social y educativa, y que entendían que «iba a ser igual» en España.
Las mujeres llegaron a la congregación compostelana procedentes de la India hace unos 15 años, cuando todavía eran menores de edad.
Lo que se desprende de su declaración judicial, han explicado las mismas fuentes, es que eran advertidas de la posible deportación si abandonaban el convento. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago investiga en que condiciones y bajo qué motivos fueron deportadas otras dos monjas indias de la misma congregación en 2011, a pesar de tener permiso de residencia.
Actuación de la Fiscalía
La Fiscalía tiene ahora que valorar «los indicios» para decidir si actúa de oficio en el caso de las tres monjas originarias de la India supuestamente retenidas.
Según han confirmado fuentes jurídicas, las mujeres que fueron monjas de clausura no han presentado denuncia, por lo que dependerá de la actuación de la Fiscalía para que siga adelante.
Por el momento, la fiscala encargada del caso es Aránzazu San José, la misma que actuó en casos como el juicio contra siete ediles del Gobierno local de Santiago cuando Angel Currás (PP) era el alcalde de la ciudad.
La principal preocupación del Ministerio Fiscal, según han dicho fuentes de esta institución, era garantizarles una lugar de acogida por su situación de vulnerabilidad y «desamparo». Las mujeres permanecen en un centro de acogida bajo tutela judicial.
Una vez que pase a reparto, la Fiscalía «tiene que decidir si hay o no» indicios de delitos y cuáles serían, y si sigue con la causa y pide la declaración en calidad de investigado (antigua figura del imputado) de alguna persona.
El arzobispo niega retención
Por su parte, el Arzobispado de Santiago ha negado que las monjas afectadas por este caso estuviesen retenidas en el convento, al tiempo que ha aclarado que las mujeres habían iniciado un proceso para dejar los hábitos.
Fuentes del Arzobispado han confirmado que la congregación les ha trasladado que las mujeres «no estaban retenidas» en el convento ni se habían producido «coacciones». A mayores, sostienen que tampoco se les había «retirado la documentación».
El Arzobispado ha recordado que en ocasiones se producen «determinados momentos» en los que las monjas deciden «abandonar la congregación», para lo que hay que iniciar un proceso de «dispensa de votos» que «lleva su tiempo».
En este caso, sostiene el Arzobispado, las religiosas -que llevan «entre 15 y 17 años en la institución», iniciaron en el verano «un proceso de discernimiento, planteándose incluso la posibilidad de dejar la comunidad». La solicitud formal a la madre superiora, apuntan, se produjo «el 14 de enero».
La documentación para solicitad esta dispensa, han informado, «quedó concluida a nivel diocesano el pasado 21 de enero» y se estaba a la espera de su remisión a la congregación correspondiente de la Santa Sede, por lo que el Arzobispado ha mostrado su «sorpresa» por el «revuelo» generado. No consta en la congregación que las religiosas solicitasen «la exclausatración» con anterioridad a esta fecha.