El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este sábado prisión provisional comunicada y sin fianza a dos de los miembros del grupo organizado que el pasado miércoles fue desarticulado en Ibiza tras una operación contra la corrupción y el crimen organizado, según han informado fuentes jurídicas.
Este sábado se han puesto a disposición judicial cinco de las doce personas que fueron detenidas en el marco de una investigación policial coordinada con la Fiscalía Anticorrupción sobre un presunto entramado empresarial que utilizaba personas e incorporaban capitales de una organización criminal a través de la constitución o adquisición de sociedades.
Pedraz ha aceptado la petición de la Fiscalía de decretar prisión provisional y sin fianza a Pierre Konrad Dadak, de nacionalidad francesa, y a Kateryna Dirigina, procedente de Ucrania, al considerar que debido a la gravedad del delito que han cometido pueden fugarse y ocultar pruebas.
A ambos se les investiga por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, aunque a Konrad Dadak también se le acusa de cohecho, extorsión, amenazas y coacciones.
Por otro lado, se ha decretado a libertad provisional --tal y como solicitó el Ministerio Público-- con la obligación de comparecer entre los días 1 y 5 de cada mes ante la Audiencia Nacional o tribunal que conozca la causa o, en su caso, el correspondiente a su domicilio, a los otros tres detenidos que se han declarado ante el magistrado. Estos son Salomon Lampie (Holanda), Roman Romanik y Piotr Banasik (Polonia), a los que se les ha retirado el pasaporte.
A Banasik, Romanik y Lampie se les acusa de los delitos de organización criminal y de extorsión amenazas y coacciones. Al primero también se le imputa un delito de blanqueo de capitales; y a Romanik, otro de cohecho.
Entramado de empresas fraudulentas
El pasado miércoles el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional autorizó tres diligencias de entradas y registros, en los que se detuvo a 12 personas que constituyeron un entramado de empresas al que se le incorporaba capitales procedentes de sociedades extranjeras.
Posteriormente, este capital era invertido para la adquisición de bienes muebles e inmuebles en España. Hasta la fecha, se ha detectado la inversión de más 15 millones de euros con este procedimiento.