La Guardia Civil de Eivissa, en el marco de la operación Totsuma, ha imputado un delito contra el derecho de los trabajadores y delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual a los administradores y al encargado de dos domicilios utilizados para el ejercicio de la prostitución.
La Policía Judicial de la Guardia Civil, apoyada por diferentes unidades, subinspectores de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), inspectoras de Hacienda y agentes de la Policía Local de Sant Josep, procedieron a la inspección, entrada y registro de estos dos domicilios ubicados en el municipio ibicenco.
Según explicaron, al propietario de uno de los locales le consta una búsqueda, detención y personación en un juzgado de la Península.
En los domicilios fueron identificadas más de una treintena de mujeres de diferentes nacionalidades, que fueron entrevistadas individualmente por personal de la Guardia Civil especialista en trata de seres humanos y por subinspectores de ITSS, manifestando estar en el lugar de manera voluntaria.
Las mujeres residían en estas viviendas, por lo que les cobraban 30 euros diarios, incluyendo comida y bebida. Los agentes pudieron comprobar cómo el trabajo de las mujeres era controlado mediante un dispositivo conectado a un sistema informático.
Este dispositivo, consistente en un reloj de pulsera, lo portaban las mujeres durante toda la jornada laboral, si bien los investigadores comprobaron que en uno de los locales el horario comprendía las 24 horas del día, estando las mujeres siempre disponibles.
Durante el operativo se detuvo a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública al menudeo.
Los agentes de la Policía Local llevaron a cabo el levantamiento de actas de control de los establecimientos e instalaciones en cada domicilio donde se ejercía esta actividad ilegal sin licencia.
Los inspectores de trabajo han requerido documentación de dichos establecimientos y las identidades de todas las personas implicadas.
Ahora, los inspectores de Hacienda analizarán la documentación incautada. La operación continúa abierta y se investigan los supuestos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como un delito contra el derecho de los trabajadores.